NUEVOS RETOS PARA EL IDAIP CON LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY.

"Gobierno Abierto: Una nueva relación entre gobierno y sociedad"

NUEVOS RETOS PARA EL IDAIP CON LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY.

En el seno del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP) se analizaron los nuevos retos y alcance que tiene la armonización de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la cual entró en vigor a partir del 5 de mayo después de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, luego de ser aprobada por mayoría en el Congreso Local.

En este sentido, la Comisión de Gobernación consideró cuatro iniciativas, presentadas por: el gobernador Jorge Herrera Caldera, el IDAIP y dos fracciones parlamentarias las cuales fueron tomadas en cuenta para emitir el dictamen promovido en total acatamiento a las disposiciones de la reforma a la Constitución Federal armonizado en la materia a lo local.

Héctor Octavio Carriedo Sáenz, Lourdes López Salas y Alejandro Gaitán Manuel comisionados del IDAIP mostraron su satisfacción por haber cumplido en tiempo y forma la armonización de la Ley Estatal con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Durango.

La legislación aprobada, establece las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, que sean sencillos y expeditos, además que aseguren la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, en formatos adecuados y accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento a las condiciones sociales, económicas y culturales del Estado.

En este sentido se deberán otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones, y queda prohibida toda discriminación que menoscabe la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.

Se dispone la implementación de mecanismos de colaboración y apertura gubernamental, entre la sociedad y los sujetos obligados bajo un esquema de Gobierno Abierto.

Es importante destacar, que se integran como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder, los candidatos independientes, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, instituciones de educación superior o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado de Durango y los municipios que lo integran; asimismo, agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal.

En tal sentido, se contemplan obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados y especificas conforme a sus atribuciones, con un catálogo ampliado de información que debe difundirse y actualizarse trimestralmente.

Para el cumplimiento de los objetivos de la ley, los sujetos obligados deberán constituir Comités de Transparencia, así como Unidades de Transparencia, proporcionándoles capacitación continua y especializada para el desarrollo de sus atribuciones, promoviendo en todo momento la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles.

Por otra parte, en la nueva ley, dispone lo relativo a las causales de reserva de la información y reduce el periodo máximo de esta, de 12 a 5 años, en congruencia con lo dispuesto en la Ley General.

Se homologa el procedimiento de acceso a la información conforme a la Ley General, sin embargo, se conserva el plazo de 15 días hábiles para otorgar respuesta a las solicitudes de información, el cual garantiza una mayor celeridad en la atención de las mismas.

Se indica en la ley, que los solicitantes de información, podrán optar por interponer el recurso de inconformidad en contra de las resoluciones que emita el Instituto, ante el INAI o ante el Poder Judicial de la Federación.

Otro aspecto relevante, es el relativo a las medidas de apremio y sanciones, que se armoniza conforme a lo dispuesto por la Ley General, a fin de facultar al Instituto para imponer directamente al servidor público encargado de acatar la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o las personas físicas o morales responsables, las medidas de apremio que aseguren el cumplimiento de sus resoluciones.

Asimismo, se dispone la imputación de sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, que van desde la amonestación hasta la aplicación de multas de 150 a 1500 días de salario mínimos, considerando la gravedad de la falta, la reincidencia, entre otros aspectos, expresamente se determina, que las multas no podrán ser cubiertas con recursos públicos y que el Instituto, estará facultado para denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatorio de la Ley que implique la presunta comisión de un delito.

Con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, coinciden los Comisionados y Comisionada del IDAIP que devienen procesos encaminados a fortalecer su implementación, tales como la emisión de reglamentos internos de conformidad a las bases y principios establecidos en la ley, la implementación de un programa de capacitación a los sujetos obligados sobre las nuevas disposiciones y la difusión de las obligaciones de transparencia; lo anterior, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública a la sociedad, con un esquema de apertura, transparencia, sencillez, máxima publicidad y no discriminación.

Los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias, además podrán solicitar al Instituto que de manera subsidiaria divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes.